ecoenergia

Dice el Ministerio de Vivienda que el Código Técnico de la Edificación se aprobará pronto. El caso es que hace ya meses que escucho lo mismo. Pero también tiene que aprobarlo el Consejo de Ministros, como vimos en esta anotación anterior. Después hay un plazo de 6 meses para que los constructores se adapten y sea obligatorio.

Por ser un sector bastante conservador, los promotores y constructores son reticentes a los cambios. Así que amenazan que las medidas en favor del ahorro energético servirán para aumentar el precio de la vivienda.

Como el precio de la vivienda es motivo de preocupación social, parece que el Gobierno también es reticente a asumir medidas que encarezcan la vivienda.

No tengo idea de cuánto se encarecerá la vivienda por mejora de los aislantes térmicos, pero las inversiones de este tipo se recuperan en pocos años, por el menor consumo de energía para climatización y calefacción.

Respecto a la energía solar, el coste de estas instalaciones es de unos 2.000 euros por vivienda. Teniendo en cuenta que una vivienda actual cuesta algunos cientos de miles de euros, un pequeño aumento en la hipoteca no se nota, y se recupera la inversión en unos 10 o 15 años, bastante antes que la hipoteca.

De todas formas, el precio real no tiene porqué coincidir con el precio que cobran. Donde deberían cobrar 2.000 euros, a lo mejor nos cobran 5.000 euros, como si fuera un complemento excepcional.

Lo cierto es que las constructoras tienen que adaptarse a los nuevos reglamentos. Esto implica nuevos métodos, nuevos materiales y equipos. Hasta que el sector recupere la fuerte competencia que le caracteriza, es probable que los precios suban sensiblemente.

Reproduzco fragmentos de Troposfera.org, que cita como fuente La Vanguardia:

El Gobierno no ha adaptado la directiva de eficiencia energética en edificios. Los ministerios de Industria y Vivienda aprobarán fuera de plazo la normativa europea pese a haber tenido más de tres años para hacerlo. La fecha tope era el 4 de enero.

(...) La Asociación de Productores de Energía Renovable-APPA atribuyó ayer estos retrasos a la presión ejercida por los promotores y constructores, que han dicho que estas nuevas normativas encarecerían las viviendas.

La necesidad de ahorrar energía y electricidad en nuestro país es ineludible. España tiene una dependencia enorme del petróleo - cuyo precio rebasa ya los 67 dólares el barril-. Además, España es, junto con Canadá, la nación industrializada que más se aleja de los objetivos que asumió al ratificar el protocolo de Kioto.

El Gobierno de España ha tenido más de tres años para trasponer a la legislación la directiva sobre eficiencia energética en los edificio (publicada el 16 de diciembre del 2002). Sin embargo, el plazo ha expirado sin que haya fechas concretas para esta adaptación.

La intención expresada por el Gobierno es que la adaptación de la normativa comunitaria se lleve a cabo mediante tres decretos. En primer lugar, el Ministerio de la Vivienda está ultimando el nuevo código técnico de la edificación, cuya función será regular el uso de materiales, de los aislamientos y de la energía solar térmica en las nuevas viviendas y en las que se rehabiliten.

Asimismo, el Ministero de Industria debe hacer los reglamentos de certificación energética de las viviendas y de instalaciones térmicas. En el primer caso, se trata de dotar a la vivienda de una acreditación que informe al comprador del consumo energético de la vivienda y de las emisiones de CO2 relacionadas con esa producción. Finalmente, la otra normativa debe velar por que los aparatos electrodomésticos del hogar sean eficientes y no derrochen energía.

Asimismo - según denuncia también APPA- el Gobierno español va a adaptar también fuera de plazo la normativa sobre certificación del origen de las energías renovables, cuyo plazo expiró el 27 octubre del 2003. Esta normativa debe servir para garantizar el derecho de los usuarios a poder contratar energía limpia o verde (cuya generación no produce gases invernadero ni residuos radiactivos), pues los españoles carecen ahora de esta información. En cambio, si estuviera disponible, se facilitaría la competencia y haría que la demanda activara más las energías limpias.

(...)